Europa sitúa a las bibliotecas en el centro de la vida pública. No solo como espacios de acceso a contenidos, sino como servicios que sostienen la educación, la cultura y la participación democrática. En un contexto de cambios tecnológicos y sociales, contar con un marco común ayuda a orientar decisiones y mejorar prácticas. También ofrece argumentos claros para dialogar con las administraciones, fortalecer equipos y priorizar inversiones. Este post recorre las áreas y funciones que propone el Consejo de Europa para actualizar la legislación y la política bibliotecaria, con ideas que pueden traducirse en acciones concretas en cualquier territorio y tipo de biblioteca.

La base de este análisis es la «Recomendación CM/Rec(2023)3 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre legislación y política bibliotecaria en Europa», aprobada el 5 de abril de 2023, cuya traducción al español ha sido realizada por Fesabid. El texto agrupa 15 líneas de actuación en cinco áreas: libertad de expresión, acceso y participación; Agenda 2030; amenazas y resiliencia; transformación digital; y derechos de autor y patrimonio. Es, a la vez, un marco jurídico y una guía operativa que aterriza en medidas concretas para bibliotecas y autoridades públicas, desde la gobernanza y la financiación hasta el préstamo digital, el depósito legal y la transferencia transfronteriza del patrimonio escrito.

A partir de aquí, el objetivo es doble. Primero, explicar de forma clara qué pide la Recomendación a bibliotecas y gobiernos. Segundo, sugerir aplicaciones prácticas que pueden incorporarse a planes, normas y servicios. El texto reclama políticas públicas que garanticen acceso libre y no discriminatorio, y colecciones desarrolladas con juicio profesional. Pide marcos organizativos transparentes, indicadores alineados con los ODS y financiación suficiente y estable. Incluye, además, preparación ante crisis, una visión ética de la transformación digital y un equilibrio entre acceso y protección de la creación. El resultado es una hoja de ruta para reforzar el papel social de las bibliotecas y su sostenibilidad a largo plazo.

I. Libertad de expresión, libre acceso a la información y participación democrática

La primera área sitúa a la biblioteca como un servicio público esencial para el ejercicio de derechos. Defiende el acceso libre y no discriminatorio a la información, con gratuidad en los servicios básicos y estándares de calidad para toda la ciudadanía. El desarrollo de colecciones debe guiarse por el criterio profesional del personal, recogido en políticas transparentes que contemplen diversidad lingüística y cultural, y que eviten interferencias externas. En el entorno digital, combina puntos de acceso con acompañamiento y respeto a la privacidad, con normas claras de uso de Internet. También promueve la capacidad de las bibliotecas para señalar la desinformación cuando sea pertinente, sin menoscabar la libertad de elección ni el pluralismo.

Traducido a la práctica, este marco invita a revisar y publicar la política de colecciones, con criterios de selección, expurgo y diversidad accesibles para la comunidad. Reclama políticas visibles de uso de espacios y de Internet que protejan la privacidad y garanticen la convivencia. Anima a reforzar la accesibilidad física y digital, incluida la atención a personas con discapacidad. Plantea programar actividades que fomenten la participación cívica y el debate informado, desde clubes de lectura crítica hasta talleres de alfabetización mediática. Y pide formar al personal para acompañar a los usuarios en la evaluación de fuentes y en la identificación de contenidos engañosos.

II. Bibliotecas en el marco de la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible

La segunda área integra a las bibliotecas en las políticas culturales y educativas orientadas a los ODS. Se pide a las autoridades asegurar marcos organizativos y de supervisión, clarificar funciones en todos los tipos de bibliotecas, adherirse a normas internacionales y fomentar cooperación e infraestructura compartida. Se anima a definir indicadores de calidad y evaluaciones periódicas sobre misión e impacto, priorizando servicios para grupos específicos y encajando el desarrollo bibliotecario en políticas nacionales e internacionales de información. La financiación ha de ser principalmente pública, suficiente y ajustada al impacto tecnológico, con mecanismos de control e instrumentos para evaluar responsabilidad social. Se reclama formación continua, recursos para el aprendizaje de personal y usuarios, e intercambios profesionales.

Traducido a acciones, esta área sugiere: actualizar y publicar la política de desarrollo de colecciones, alinear KPIs con misión y ODS, y vincularlos a la justificación presupuestaria; documentar contribuciones en inclusión y aprendizaje a lo largo de la vida; y consolidar redes para compras, circulación e interoperabilidad. También conviene diseñar planes de capacitación sobre nuevas herramientas y alfabetización digital para el público, y promover programas de movilidad profesional. Por último, se propone reforzar la coordinación con estrategias comunitarias locales y nacionales para que las bibliotecas actúen como constructoras de comunidad y proveedoras de educación informal, con marcos de gobernanza que garanticen el mejor uso del dinero público invertido.

III. Amenazas globales y locales y funcionamiento de la biblioteca

La tercera área incorpora las lecciones de la pandemia y otras amenazas. Reconoce la naturaleza esencial de los servicios bibliotecarios para la resiliencia comunitaria y exige planes de gestión de riesgos y continuidad de operaciones. Se pide analizar riesgos humanos y naturales, formar al personal, preparar protocolos para mantener servicios en condiciones adversas y evaluar necesidades específicas de las comunidades afectadas. Esto implica prever alternativas remotas o digitales, revisar presupuestos con criterios de preparación y colaborar con autoridades y redes especializadas. La biblioteca se concibe como ancla de información fiable y como espacio seguro cuando más se necesita, con comunicación clara y canales adecuados en contextos de crisis.

IV. Transformación digital y fomento de un ecosistema bibliotecario sostenible, fiable e inclusivo

La cuarta área sitúa a las bibliotecas como agentes activos en las cadenas del libro y de la información, en papel y digital. Se propone escalar prácticas del formato analógico al digital, impulsar aprendizaje a distancia y habilitar puntos de acceso conectados, especialmente para la juventud. Se enfatiza el control responsable de datos y metadatos, la adecuación a la normativa de privacidad y la educación sobre el uso ético de sistemas algorítmicos e inteligencia artificial. También se piden productos y servicios que eliminen barreras económicas, jurídicas o tecnológicas, y que faciliten la reutilización pública de recursos. En alfabetización mediática e informacional, se recomienda abordar el ciclo de vida del documento, reforzar programas inclusivos y reducir brechas digitales.

En la práctica, esto pasa por políticas de datos claras, transparencia de procesos algorítmicos y programas de alfabetización que enseñen a identificar manipulación y desinformación, incorporados a directrices y currículos en todos los niveles educativos. Del mismo modo, es clave asegurar interoperabilidad e infraestructura compartida que faciliten la circulación de contenidos y la extracción de conocimiento en cumplimiento de la propiedad intelectual. LaRecomendación anima a que las bibliotecas actúen como foros de buenas prácticas sobre IA y como palancas de innovación social, con servicios digitales accesibles que reduzcan desigualdades y habiliten acceso efectivo a la información y a la cultura.

V. Derechos de autor y protección del patrimonio bibliotecario

La quinta área busca el equilibrio: reconocer la función pública de las bibliotecas, facilitar el acceso y respetar la creación. Se pide que las bibliotecas figuren explícitamente en la legislación de derechos de autor, con regímenes de excepciones y limitaciones que contemplen preservación, minería de textos y datos, ilustración con fines docentes, obras huérfanas y fuera de comercio. Se reclama reforzar el préstamo digital con condiciones razonables desde la publicación, explorar el Préstamo Digital Controlado y cerrar acuerdos con editoriales y autores a precios razonables, evitando embargos o vetos a adquisiciones bibliotecarias y favoreciendo ciencia abierta y ecosistemas de investigación más saludables.

El depósito legal se reafirma como herramienta principal de creación de colecciones nacionales impresas y digitales, con acceso garantizado mediante excepciones, obligaciones claras de depósito, estadística nacional, archivado web y cooperación entre instituciones de depósito. Se contempla sancionar incumplimientos y sensibilizar a productores de contenidos digitales. Finalmente, se definen garantías para la transferencia transfronteriza del patrimonio escrito: inclusión de estos materiales en las listas de bienes culturales protegidos, referencia a convenciones UNESCO y UNIDROIT, y marcos nacionales de control de movimiento y restitución, con atención especial a los casos históricos aún litigiosos.

La «Recomendación CM/Rec(2023)3 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre legislación y política bibliotecaria en Europa» ofrece una hoja de ruta completa que abarca libertad de acceso y participación, gobernanza alineada con los ODS, resiliencia, transformación digital ética y un marco equilibrado de derechos y patrimonio. Convertirla en acción implica revisar políticas internas, actualizar indicadores y justificar presupuestos, fortalecer redes y formación, preparar planes de continuidad y abordar el préstamo y la preservación digital con seguridad jurídica. Es una invitación a que bibliotecas y autoridades trabajen juntas para garantizar derechos, reducir brechas y mantener vivo el patrimonio, hoy y mañana.

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