La inversión económica en las bibliotecas públicas es una de las acciones y decisiones políticas más acertadas para la prosperidad de la ciudadanía. Ellas son un bien necesario e imprescindible para que las personas tengan acceso gratuito a la información, a la formación y al entretenimiento cultural. Y, por ende, una apuesta por el desarrollo de las personas y su bienestar social. Pero… ¿todo esto llega a las personas que nos gobiernan? ¿Conocen la importancia de las bibliotecas públicas para el crecimiento de los municipios, provincias o países que gobiernan?

Óscar Arroyo Ortega, Jefe de Servicio de Bibliotecas, Libro y Lectura de Castilla-La Mancha, ha elaborado el informe Fesabid «Universalizar los servicios bibliotecarios públicos en España», el cual ha contado con el apoyo de los miembros del Clúster Fesabid. Un interesante estudio sobre el marco legal que regula los servicios bibliotecarios públicos en España y una reflexión sobre las políticas bibliotecarias que los rigen. En él se aprecia una España de varias velocidades en cuanto a las sensibilidades políticas con respecto a los sistemas bibliotecarios:

«Como conclusión respecto a la realidad de las leyes bibliotecarias, cabe indicar que aquí como en otros ámbitos, también se aprecia una España de varias velocidades; aunque en este caso no siempre tiene que ver con la renta per cápita de los territorios y quizá más bien con las sensibilidades políticas sostenidas en el tiempo frente a la importancia de contar con sólidos sistemas bibliotecarios en los territorios».

El Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín (Colombia) ha llevado a cabo un estudio sobre el valor de sus bibliotecas. Querían estimar con él la importancia de las bibliotecas públicas para la ciudadanía, además de demostrar los beneficios que se derivan de ellas para garantizar desde la inversión pública hasta sus impactos y sostenibilidad en el tiempo. Por cierto, comentar que la fuente de inspiración de tal estudio fue el realizado hace unos años desde la Comunidad Foral de Navarra, y del cual hablamos en el post «Usos, motivos y beneficios de las bibliotecas para la sociedad».

Reconocer el valor económico y social de las bibliotecas públicas desde una medición objetiva e integradora es de gran relevancia porque permite comprender el grado de importancia y apropiación que la ciudadanía le concede a las bibliotecas como: centros de acceso a la información y el conocimiento; seña de identidad colectiva; espacios de encuentro e integración social que promueven el arte y la cultura; y una fuente de posibilidades de actividades económicas debido a los bienes y servicios que se derivan en torno de ellas.

La relación de la biblioteca pública con los gobernadores y políticos municipales debe ser cercana. El objetivo de la misma es dar a conocer de primera mano tanto las fortalezas como las debilidades de los recursos, servicios y actividades de la biblioteca. En ella se buscará, sobre todo, dar a conocer qué es lo que hace la biblioteca pública, cuáles son los márgenes de mejora y, ¡por qué no decirlo!, la aprobación presupuestaria para contrarrestar los puntos débiles.

Pese a que las bibliotecas públicas son de la ciudadanía, no hay que olvidar que estas dependen de los ayuntamientos y de la asignación presupuestaria anual. En ocasiones considerada una relación de amor-odio, no está de más sacar las dotes de comunicación y de persuasión para la comprensión política dando a conocer qué es la biblioteca pública, qué hace para la ciudadanía y qué podría hacer si contara con más recursos.